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Repensar la protección social y la gestión de los datos: contra el infra-empleo y el capitalismo rappitendero

Las redes sociales, las nubes y toda una serie de objetos conectados organizan nuestra vida cotidiana. Sin embargo, los gigantes de Internet son los que explotan y obtienen ganancias con nuestros datos personales.

2018 fue también el año en que actores estatales, judiciales y asociativos comenzaron a plantear con argumentos más sólidos la necesidad de regular lo que estas empresas hacen con los datos que les aportamos permanentemente. Ahora bien, ¿debemos considerarlos como una propiedad privada o más bien como el fruto de un trabajo que debe ser protegido?

Datos que valen oro

Un ejemplo: que Facebook deje de analizar a los internautas sin su consentimiento y que destruya los datos personales obtenidos ilegalmente estuvo en el centro de la demanda que la justicia de Bélgica le presentó al grupo de Marck Zuckerberg el año pasado.

Pero no se trató solo de un acto simbólico, la justicia belga lanzó una primera señal que fue recogida más tarde por la Unión Europea: allí los gigantes de Internet no podrán seguir haciendo eternamente lo que quieran con los datos personales de los internautas. Y no se trata de un problema únicamente de orden jurídico, es también una discusión económica. Los datos personales son una riqueza, al punto que ya se los denomina el oro del siglo XXI. Pero se trata de una riqueza que por ahora es acumulada y explotada bajo un modelo rentístico por las plataformas digitales globalizadas, a costa de aquellos que la producen. Es decir, a costa de todos nosotros que cedemos esa información permanentemente, ya sea a Airbnb o a Netflix, a Google o a Facebook, a Uber o a Rappi. Tanto si somos usuarios, como si aceptamos las condiciones de infra-empleo que proponen, en distintos formatos, la mayoría de estas plataformas digitales.  

Para restablecer un cierto equilibrio en esa relación de extracción, hay quienes postulan la necesidad de monetizar nuestros datos, es decir que cobremos cuando aceptemos que se nos extraiga información personal que forma parte de nuestra vida privada. Ahora bien, ¿es una solución adecuada considerar estos datos como una simple mercancía?

Cobrar por nuestros datos o refundar el derecho laboral

El sentido mismo de la expresión “protección de datos” no es unívoco ni existe un consenso definitivo sobre lo que implica. Sin embargo, dos grandes alternativas ritmaron las discusiones al respecto en Europa durante 2018.

Por un lado, están quienes defienden la tesis de “patrimonializar” los datos personales. Esta idea consiste en crear un derecho a la propiedad privada de los datos de modo tal que los individuos puedan negociar su uso sobre la base de un contrato con las plataformas, que podrían remunerarlos en ciertos casos. Para esta visión el mercado es el que debe regular el uso de los datos personales y la vida privada podría ser protegida de forma más eficaz bajo ese principio que si se la tomara como un derecho fundamental de las personas.

La segunda postura propone una crítica “social” del sistema vigente. E incluye en la defensa de nuestras informaciones personales una relectura de los derechos de los “trabajadores de los datos”. La idea que subyace a esta segunda alternativa es que los datos personales no son simplemente “extraídos” por las plataformas, sino que son producidos por los individuos en la interacción con las infraestructuras diseñadas por esas plataformas. Esta actividad productiva sería justamente la esencia de ese nuevo fenómeno denominado “trabajo digital” (digital labor). En este caso, para corregir el esquema desigual en el que se da esa producción, se deberían crear autoridades de regulación de los datos, pero no solo para regular la arquitectura técnica de las plataformas digitales sino también para crear condiciones para que el trabajo de producción y enriquecimiento de los datos (tanto a partir de servicios de microempleo como de los usuarios de plataformas como Instagram o Google) no solo respeten el derecho a la privacidad de las personas sino también un nuevo derecho laboral. No se trataría tanto de apuntar a que el Estado sea un regulador de la propiedad de los datos sino un protector de los derechos de los trabajadores del universo de los datos.

Apelar a los “derechos de los trabajadores de los datos” tiene el mérito de ubicar la cuestión de la protección de los datos en el campo del derecho social y podría marcar el inicio de una crítica de fondo a las condiciones de infra-empleo que impulsan plataformas como Uber, Rappi, Glovo, etc. al privar a los trabajadores de todas las protecciones sociales de la sociedad salarial sin necesidad caer en el trabajo en negro, ni ser penadas por ello.

Si las relaciones entre los usuarios y las plataformas comienzan a ser analizadas como relaciones sociales de producción, el derecho laboral debería entonces tratarlas como tales. El razonamiento, a contramano de las políticas de flexibilización del derecho laboral, sería el siguiente: si estamos frente a relaciones de producción asimilables al trabajo, entonces hay que garantizar la extensión del régimen de protección del trabajo también para aquellos que son presentados como simples usuarios o consumidores por los gigantes digitales.

Desde ya, los deseos de trabajar en condiciones menos rígidas forman parte de los desafíos a los que estas nuevas legislaciones laborales también deberán aportar respuestas. Además, resulta difícil imaginar un organismo estatal capaz de garantizar por sí solo la defensa de los derechos de los trabajadores de los datos.

Pero lo que resulta novedoso en estos planteos es la inversión de la lógica de reducción de los derechos laborales como fuente de la productividad y destino inevitable de la robotización y digitalización de la economía. Y la constatación de que históricamente los sistemas de derechos y de protección social fueron implementados progresivamente para proteger a los individuos de las relaciones asimétricas de trabajo.  

Por último, vale la pena señalar que quienes plantean una renovación de los sistemas de protección social no se limitan a pensar en mecanismos como las cotizaciones previsionales o de salud. La idea de protección social que subyace en estos casos es mucho más amplia y la concibe como una institución central, un macrosistema de mediaciones entre la esfera doméstica, la economía y la política. Proteger a los individuos y a las familias implica pensar una protección social contra los riesgos de desintegración que se agudizan cuando las fuerzas del mercado dominan todas las esferas de la vida social. Se trata de proteger al mismo tiempo al individuo para que pueda vivir dignamente y a la sociedad frente a los peligros de desintegración que la acechan.

Es en ese camino que una forma de solidaridad entre usuarios y trabajadores de plataformas comienza a ser pensada. De usuarios de Google o de Facebook hasta choferes de Uber, bajo la idea de una expansión posible de nuevos derechos y un nuevo sistema de protección social, adaptado al nuevo contexto tecnológico pero pensado desde la convergencia de intereses entre usuarios y trabajadores.

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Christian Salamon

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