Sebastián Rodríguez MoraSi bien, la ley de la ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, para quienes viven en las villas el goce de este derecho es utópico.
Todo muy turbio
Integrantes de la cátedra de Ingeniería Comunitaria de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires respondieron el 23 de enero a la convocatoria de la Junta Vecinal de la villa 21-24, por un fuerte olor cloacal en el agua corriente se hizo presente en numerosas viviendas de las Manzanas 24, 25 y 29.
Al constatar la calidad del agua de consumo y entrevistar a varias familias, confirmaron la presencia de olor fecal en el agua corriente de varias viviendas. Las muestras de agua fueron analizadas en un laboratorio especializado y el resultado fue el peor esperable: todas las muestras arrojaban la certeza de que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable.
El relato de los vecinos es coincidente: no es la primera vez que esto sucede, no se trata de un hecho aislado, es frecuente que de las canillas de los hogares no salga agua o el agua que sale tenga olor cloacal, color amarillo y sedimentos.
Agua que no has de beber
La ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la cátedra, elaboró junto a su equipo un informe técnico que fue presentado a los organismos responsables e inició un expediente administrativo en el Gobierno de la Ciudad. Con el correr de los días el olor fecal en el agua de consumo se fue extendiendo a otros sectores del barrio: Manzanas 16, 26, 27, 28.
El 8 de febrero, diferentes organismos de gobierno (Unidad de proyectos especiales Cuenca Matanza Riachuelo, Unidad de Gestión de Intervención Social, Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y AYSA) por pedido del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N°2 de Morón, que tiene a su cargo la ejecución de la causa ambiental Matanza-Riachuelo se hicieron presentes en el barrio para tomar muestras de agua de consumo en siete viviendas.
“Les preguntamos qué relevamiento sanitario habían hecho previamente y qué diagnóstico tenían ellos de la situación y qué metodología habían utilizado para definir los sitios de muestreo y la cantidad de muestras. La respuesta en ese momento es que no habían hecho nada de eso. No pudieron dar cuenta de por qué iban a tomar siete muestras”.
La realidad cotidiana del barrio cruzó el estudio con fuerza: en cinco de las siete casas donde AySA fue a tomar muestras, no había agua en las canillas o las condiciones presentes no correspondían con el protocolo de la empresa. A su vez, las muestras que sí se tomaron no fueron enviadas a un laboratorio independiente para contrastar con los resultados obtenidos. Al día de hoy, en el barrio y desde la cátedra de Ingeniería Comuntaria siguen esperando que AySA les remita los resultados.
Estancamiento
Koutsovitis y su equipo técnico más la Junta Vecinal, apoyados por un secretario de Defensoría del Pueblo en el rol de escribano, labraron un acta durante aquella polémica jornada de estudios realizados en la 21-24, para dejar constancia de la manera en que los organismos responsables de la sanidad de los vecinos realizaron su trabajo. La investigación subsiguiente probablemente se diluya entre los pasillos judiciales.
AySA provee a la fecha de agua segura a las familias afectadas por la contaminación, pero sigue siendo una solución apenas temporaria que precisa de medidas urgentes.
Natalia Molina, referenta del Movimiento Popular La Dignidad en el barrio, relaciona esta situación con una obra financiada por el Banco Mundial en la zona de la 21-24, en la que administra ACUMAR. Comenta que “están rompiendo por todos lados para avanzar con la obra, pero todavía no le encontraron la solución a lo que está pasando”. Natalia dice que AySA trae todos los días la cisterna para llenar los tanques y reparte sachets de litro de agua para el consumo.
En la Junta Vecinal se está haciendo un relevamiento para saber de dónde sacan los vecinos el agua, si tienen baño, pozo ciego, y todo lo que se relacione con la conexión a la red. Pero Natalia señala algo que le preocupa: “En algún momento la gente lo termina naturalizando. Se resignan. No lo dicen, pero lo tienen mentalizado. No ven que esta situación tiene que ver la falta de decisión política de los gobiernos de turno. Entonces hay que hacer mucho trabajo de concientización. La gente usa el agua igual.”
Este caso es una muestra potente del desinterés por parte de las autoridades nacionales, provinciales y porteñas ante las problemáticas cotidianas que enfrentan los y las habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Quizás haga falta un poco más de ruido para que el ineludible reclamo sea escuchado en las coquetas oficinas de la jefatura de Gobierno en Parque Patricios, donde el olor no llega y el agua sale transparente.
