Agustin GulmanJosé Aguirre era enfermero, tenía 56 años y desde hacía décadas trabajaba en el Hospital Rivadavia. Desde que se desató la pandemia de coronavirus estuvo muy activo en un sistema que, si bien por ahora no llegó al colapso, se encuentra saturado y con múltiples complicaciones y falta de recursos. En los primeros días de junio fue diagnosticado con COVID-19 e internado en el Sanatorio Anchorena, donde murió el domingo 21. Unos días más tarde falleció Julio Gutiérrez, enfermero del Hospital Durand, donde además hubo otros ocho trabajadores muertos.
A fines de abril, cuando la cuarentena en Argentina llevaba poco más de un mes, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Víctor Trionfetti, hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Capital) y le ordenó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que proporcionara a los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario los elementos de protección fundamentales para desempeñar su labor en plena pandemia.
La Ciudad apeló la decisión, que finalmente fue ratificada a fines de junio por la Cámara de Apelaciones porteña. Solo en el primer mes de cuarentena hubo dieciocho fallos judiciales que ordenaron al GCBA a proveer insumos de protección, según reveló en abril el diario Perfil. Días atrás, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, rechazó las acusaciones durante una conferencia de prensa: “Tenemos insumos suficientes, los vamos distribuyendo hospital por hospital, puede haber algún insumo que no esté, pero no es la regla”.
Aunque no hay datos precisos, se estima que hay más de 500 trabajadores de la salud de la Ciudad contagiados de coronavirus. A nivel nacional, de acuerdo a un relevamiento publicado a fines de junio por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), la cifra asciende a casi 4.500, con al menos 19 fallecidos.
En el frente
Héctor Ortiz es enfermero, trabaja desde hace treinta y siete años en el Hospital Durand y hace treinta y cinco en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna. En diálogo con Ponele, describe la situación en pocas palabras: “Falta de todo, recursos humanos, elementos de protección y mejores salarios”.
Ortiz explica que en el Durand hay alrededor de cien enfermeros con licencias por enfermedades preexistentes y señala que hay un “desborde” por la cantidad de pacientes con coronavirus. “El último fin de semana de junio tuvimos dieciséis pacientes en terapia intensiva y sólo había tres enfermeros”.
Los profesionales de la salud afirman que no se trata sólo de faltante de elementos de bioseguridad (barbijos N95, guantes, camisolines hidrorrepelentes, antiparras, cofias y botas) sino también de la baja calidad de los productos que envía el Gobierno de la Ciudad. “Los camisolines que mandan no son buenos, pasa el líquido y nosotros necesitamos que rechacen todo lo que sea humedad. Nos dan dos barbijos por turno y cada uno dura como mucho dos horas y media y hay que cambiarlos porque se humedecen y ya no sirven”.
“Los camilleros también tienen problemas con la indumentaria”, sigue . “Es una sola sin recambio y no tienen una ducha o un lugar para cambiarse, y los administrativos no están preparados porque trabajan con máscaras donadas que no tienen el certificado de la ANMAT. La enfermería sigue siendo escasa, los médicos son pocos y las terapias están desbordadas, y no se pueden habilitar nuevas camas porque no daría abasto. No encontramos forma de que los funcionarios se sensibilicen ante nuestro reclamo”.
“La situación es muy angustiante”
Rodolfo Arrechea, delegado de ATE Capital en el Hospital Rivadavia, dice que no se puede pelear contra una pandemia y al mismo tiempo exigir al Gobierno porteño que provea los insumos de protección.
“La energía tendría que estar puesta en enfrentar el virus, hay una montaña de dinero que el Estado direccionó para que a los hospitales no les falten elementos básicos”.
Arrechea era compañero de Aguirre, el enfermero que murió el 21 de junio por coronavirus. Antes de contagiarse había pedido que se hicieran hisopados al personal sanitario para evitar una explosión de contagios. Ahora, el delegado gremial cuenta que todavía tienen un compañero internado en grave estado en el Sanatorio Méndez.
La salud mental, descuidada
Javier Venegas, camillero del Hospital Moyano, arroja un dato llamativo: recién comenzaron a recibir elementos de protección personal a los dos meses de que se declarara el aislamiento obligatorio. Hasta entonces se protegían gracias a donaciones que recibieron de parte de diversas organizaciones. “La calidad de lo que mandan no es buena, los insumos que llegan no son de primera calidad”, dice.
Pero además, y como ocurre en otros hospitales, afirma que más allá de los elementos de bioseguridad falta personal: “Tenemos 24 servicios con cuatro turnos y no alcanzan los enfermeros. Hay pabellones con casos de coronavirus y compañeros infectados, por lo que esos sectores están en alerta amarilla, y para cubrir los puestos se saca personal de otros servicios”.
El Moyano es uno de los tres grandes neuropsiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Borda y el Tobar García. Según Vengas,hay alrededor de 610 mujeres internadas, la mayoría de avanzada edad. “Es un gran geriátrico, casi todas las pacientes están hace más de 20 años”, dice el camillero. “Todos nos arriesgamos y estamos con miedo, pero tenemos la certeza de que no estamos protegidos como corresponde, nos sentimos poco cuidados por el Gobierno de la Ciudad”.
