Claudio MardonesLa detección de “asbestosis”, un tipo de cáncer que puede manifestarse 20 años después del contacto con amianto encapsulado, en dos trabajadores del Metro de Madrid desató hace pocos días las primeras alertas en Buenos Aires y un primer paro de subtes esta semana. El Gobierno del entonces alcalde porteño Mauricio Macri compró hace siete años seis formaciones en desuso a la administración española que respondía al Partido Popular. Esas piezas estaban a un paso de ser utilizadas para probar explosivos, pero una operación de último momento los sacó del basurero.
Del otro lado del mostrador, la operación fue auspiciada y promovida por Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid y secretario general del Partido Popular de la capital española entre 2012 y 2015. González fue detenido en abril de 2017, investigado en una causa judicial conocida como “Operación Lezo”, donde se le imputa ser “el presunto cabecilla de una trama que durante años desvió fondos públicos para su enriquecimiento personal”. Fue imputado por “organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental”. Es decir, por corrupción. ¿Qué lugar ocupa la venta de los subtes CAF en las investigaciones que lo mandaron a la sombra? La respuesta todavía es un secreto bien guardado, pero la detección del amianto y la confirmación de los dos casos de cáncer en Madrid iluminan las sospechas sobre sobreprecios en la venta de material que estaba en desuso.
“El asbesto está en los lugares de los coches que se calientan porque es un gran aislante. SBASE sacó de circulación unos vagones CAF 5.000 contaminados, pero desde hace años que hay formaciones que nunca circularon y que fueron canibalizadas para utilizar sus partes, es decir que los coches CAF 6.000, que todavía están en funcionamiento, tienen partes de los CAF 5.000 que fueron desguazados, y a eso se suma que los CAF 6.000 también podrían tener asbesto como se detectó en Madrid”. Quien relata a Ponele el pánico que circula estos días entre los empleados del subte de Buenos Aires es el titular del Sindicato de trabajadores de subte y premetro, Norberto “Beto” Pianelli.
Amistades peligrosas
El amianto encapsulado, o asbesto, es un material cancerígeno cuya utilización está prohibida en España desde 2001. Sin embargo, la administración del entonces alcalde porteño Macri no reparó en ese problema cuando decidió adquirir los vagones, ofrecidos por tercera vez en veinte años por el Metro de Madrid.
“Un coche nuevo cuesta un millón cien mil dólares, es decir que con dos de esas formaciones usadas y en desuso compraban uno nuevo”, detalló a Ponele una fuente vinculada a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), la empresa pública que posee las seis líneas de metro porteño, administra sus obras de extensión, opera la línea H y mantiene la concesión del resto de la red a Metrovías, del Grupo Roggio.
El escándalo madrileño, que derivó en análisis clínicos sobre dos centenares de trabajadores, reflotó los interrogantes por la compra que hizo el entonces jefe de SBASE, Juan Pablo Piccardo, por decisión de Macri durante su primer mandato como alcalde porteño, y en un momento en el que estaba profundizando los lazos políticos e institucionales del PRO con el conservador Partido Popular, que controlaba el Gobierno español y la comuna de Madrid, vendedora de los coches contaminados.
La venta a sabiendas de material contaminado originó una investigación penal en los tribunales españoles, pero en Argentina no, a pesar de que el ex legislador porteño Facundo Di Filippo denunció la existencia de irregularidades en la curiosa compra de material en desuso, pago de comisiones excesivas y ausencia de controles, enmarcados en la realización de maniobras fraudulentas en incumplimiento de los deberes de funcionario público de los funcionarios porteños y también de los secretarios de Transporte que intervinieron en la operación: Ricardo Jaime, hoy detenido por una causa por corrupción, y Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once.
La rapidez de la justicia española y la vista gorda de la local, le permitiría a SBASE demandar penalmente al Metro de Madrid por la venta de material contaminado y diseñar un escudo de autodefensa en la medida que avancen las investigaciones argentinas sobre la compra fraudulenta de vagones con asbesto. Más allá de que funcionarios porteños habrían sido advertidos del riesgo, y que difícilmente no fueran alertados por sus contrapartes españoles, que además compartían afinidades políticas.
Todavía habría coches circulando con amianto
Los vagones españoles forman parte del servicio de la Línea B, que ya funciona con viejos coches Mitsubishi, comprados a Japón antes de que los utilizara para armar bancos de coral en el fondo del mar. Todo el servicio de esa línea es atendido por formaciones de distinta procedencia que superan los 30, 35 y 40 años de vida útil. Muchos coches fueron reemplazados por las fallas registradas, y reparados con materiales que posiblemente estén contaminados.
La línea B es operada por unos 500 trabajadores. Ochenta de ellos trabajan en los talleres de esa línea donde se canibalizaron los CAF 5.000. Todos serán sometidos a estudios médicos, en medio de un conflicto que podría paralizar la Línea B y dejar en evidencia que la movilidad bajo tierra de la Ciudad de Buenos Aires pende de un hilo frágil, que la administración de Horacio Rodríguez Larreta, por ahora, consigue disimular. Los vagones usados y contaminados con amianto encapsulado, que el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri compró a 550 mil dólares hoy son rematados en España por tan solo sólo 5 mil y se los utiliza para realizar pruebas de explosivos.
