Natalia GherardiIlustración: Emiliano Ciarlante
Pasados apenas tres meses desde que, por una diferencia de siete votos, el Senado de la Nación hiciera caso omiso de las recomendaciones de organismos internacionales, del ejemplo de los países desarrollados, de las exposiciones de reconocidas personalidades académicas, y, en especial, de nuestro pedido a gritos de que respeten nuestros derechos como personas gestantes, el acercamiento al aborto legal se ve en un fuerte retroceso en ciertas áreas del país. La situación crítica en la que se encuentran las mujeres en situación de vulnerabilidad no es una prioridad ni del gobierno nacional ni de las provincias.
Tucumán, provincia autodeclarada “provida”
A principios de este mes, en Tucumán, la misma provincia donde el represor Bussi fue electo gobernador y donde Belén fue detenida y condenada por tener un aborto espontáneo en 2014, el legislador peronista Marcelo Caponio presentó un proyecto de ley de “protección integral del niño por nacer y de la mujer embarazada”. Éste prohibía expresamente el derecho de la mujer a realizarse un aborto en caso de violación bajo el fundamento de que no se debe admitir discriminación alguna entre los “niños deseados” y los “niños no deseados”.
De esta manera, no sólo se omitía la diferencia entre un embarazo no planificado y uno producto de una violación, sino que se ignoraba por completo la posición de la mujer y cómo su salud psicológica se vería afectada al obligársele a transitar el embarazo, el parto y la maternidad de un bebé producto del que seguramente habrá sido el peor episodio de su vida.
Luego, en la sección de los fundamentos de la ley, se intenta, mediante un peligroso razonamiento que roza la sugerencia de la pena de muerte (o al menos cuestiona el valor de la vida de un criminal), mostrar una “incoherencia” en la Justicia: “(…) mientras la Corte reconoce de manera absoluta el derecho a la vida de un condenado por delitos graves, por otro lado, otorga carácter relativo al derecho a la vida de un inocente niño por nacer (…)”.
En un primer momento, lejos de ser repudiado, el proyecto fue firmado por más de la mitad de los legisladores (29 de 49). Sin embargo, luego del gran rechazo que se produjo a nivel nacional y las más de 300 mujeres que se movilizaron a la casa de la provincia en Buenos Aires, el parlamento tucumano decidió, desde las comisiones de Familia y Derechos de la Mujer, no dar lugar al tratamiento del proyecto.
Esta decisión no quita la gravedad de que a esta altura de la historia, en plena ola feminista, se siga poniendo en duda un derecho contemplado desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal (formalmente sólo aplicable a mujeres “dementes o idiotas”), y ampliado desde 2012 por medio del fallo FAL de la Corte Suprema a todas las mujeres que se encuentren en esa situación.
Que un legislador, avalado por más de la mitad de la cámara, proponga formalmente un proyecto -paradójicamente “en protección a la mujer”-, que plantea retrotraer un derecho fundamental de la mujer más de un siglo, muestra una vez más el poder que aún tienen los sectores que concentran el conservadurismo patriarcal más recalcitrante y anacrónico del país.
Este tipo de episodios funciona como recordatorio de los obstáculos a los que todavía se debe enfrentar el feminismo en nuestro país, de que la lucha continúa más fortalecida día a día y de que los pañuelos verdes no deben ser guardados hasta que el Congreso de la Nación haga valer nuestro derecho.
Con el aborto no punible no alcanza
Si bien es meritorio que Chaco se incluya desde hace seis años en el grupo de provincias que adecúan su protocolo a la resolución del fallo FAL y permiten el aborto en las situaciones antes mencionadas, esto no es suficiente para proteger a las mujeres. La provincia, que ocupa los primeros puestos en índices de embarazos adolescentes producto de abusos, mortalidad materna y pobreza, genera condiciones tales que la mujer se ve en una constante situación de vulnerabilidad.
Tal fue el caso de Agustina, una nena wichí de 13 años que vio vulnerados absolutamente todos sus derechos más básicos: comenzó a vivir con su “pareja” de 17 años cuando ella tenía 11, no estaba escolarizada (y por supuesto jamás había recibido clases de educación sexual), sufría de desnutrición y contaba con servicios de salud tales que recién se enteró de su embarazo en la semana 29, mientras una infección generalizada invadía su cuerpo; se le practicó una cesárea de emergencia y falleció un día después que el recién nacido, que pesaba poco más de 1kg.
En este contexto confluye el machismo naturalizado en sintonía con abuso infantil, y un abandono pleno por parte del Estado, que no le supo proporcionar a Agustina protección, salud o educación alguna, en un nuevo acto de desidia frente a las comunidades aborígenes.
Y aunque Agustina hubiera acudido antes a los centros de salud y se le hubiera podido practicar un aborto por estar en riesgo su vida, aún así no sería suficiente: las pibas no sólo reclamamos nuestro legítimo derecho al aborto, reclamamos la implementación de la ESI en todas las escuelas, la erradicación de la violencia de género y los abusos de poder sobre la mujer.
Esto especialmente en los casos de culturas que se naturaliza que una piba de doce años, sólo por haber tenido la primera menstruación, mantenga relaciones sexuales con un hombre de 18, quede embarazada y tenga que someterse a un parto y a la maternidad.
Nuestra lucha va a continuar hasta que todas las mujeres estén libres de violencia patriarcal y puedan ejercer con plena libertad el dominio sobre su cuerpo.
