Pablo FerrariIlustración: Emiliano Ciarlante
El abordaje social de la elevación de la expectativa de vida y el incremento de la población pasiva respecto a la activa suscita debates en todo el mundo. La historia del sistema previsional argentino ha oscilado entre el individualismo y la solidaridad. “Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global, hay que hacer algo ya”, afirmó Christine Lagarde, la mandamás del Fondo Monetario Internacional (FMI). La reforma previsional en danza elevará la edad jubilatoria y reducirá aún más los haberes y los beneficios.
Breve historia del sistema previsional argentino
En 1904, se crearon las primeras cajas de jubilación en pocos gremios pero el ejemplo se transmitió a más actividades. Entre 1916 y 1930, la cobertura previsional se expandió a la mayoría de los trabajadores de actividades públicas, bancarios y compañías de seguro.
Entre 1944 y 1955, el sistema previsional argentino recibió un fuerte impulso. En esa etapa se produjo la masificación de la cobertura legal, extendiéndose al conjunto de trabajadores y trabajadoras. En 1954, el sistema asumió como principio la lógica de reparto.
Ello implicó que la redistribución de ingresos prime como criterio de determinación del haber jubilatorio, dejando atrás la lógica de capitalización individual. Otro elemento progresivo consistió en que los trabajadores y las trabajadoras con ingresos bajos y medios obtendrían tasas de sustitución del salario (TSS) más altas respecto a quienes tuvieran mayores ingresos.
En 1958, se estableció que el haber de la jubilación ordinaria sería equivalente al 82 por ciento móvil de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función del afiliado. Se igualaron las TSS de la mayoría de los sistemas.
La reforma del sistema previsional de 1969 implicó una transformación estructural del sistema. Se elevó la edad de acceso a los beneficios, en el caso trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia pasó a ser entre 55 y 60 años y, en los autónomos, entre 62 y 65 años.
A su vez, se incrementó la cantidad de años contributivos como requisito de acceso a la jubilación: la mínima cantidad de años de aportes se estableció en 10 hasta alcanzar un máximo de 30. En lo que respecta al financiamiento del sistema, la reforma benefició ampliamente a aquellos sectores ocupacionales que pertenecían a las cajas previsionales que estaban en crisis.
En 1980, se impulsó una reforma regresiva sobre el sistema previsional a través de la eliminación de las contribuciones patronales y su reemplazo por recursos públicos recaudados a través de la ampliación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Al consolidar las desigualdades intra e intergeneracionales, esta reforma fue un intento de disolver el principio de justicia distributiva sobre el que todavía se sostenía, a pesar de los cambios que se fueron sucediendo, los diversos componentes del sistema previsional.
La reforma de 1994 adoptó un sistema de carácter mixto que modificó la lógica de solidaridad intergeneracional como su único principio constitutivo e incluyó la capitalización individual como un elemento central de la futura jubilación de trabajadoras y trabajadores. Se trataba de un régimen de carácter mixto, debido a que se combinaba dos sistemas, uno administrado por el Estado y otro por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
En el período 2003-2015 se produjeron cambios profundos. Si los trabajadores no optaban por la jubilación privada, por defecto sería de reparto, a diferencia del período anterior. Por la moratoria para quienes no habían podido completar los aportes, se jubilaron más de 2,5 millones de personas.
En 2008, se estatizaron los fondos en manos de las AFJP, que pagaban jubilaciones menores a las del sistema de reparto. Se mejoró la fórmula de actualización de las jubilaciones y pasaron a modificarse dos veces por año.
Evolución de jubilaciones e inflación
Desde principios de la década del ‘90 hasta principios de 2002, el haber mínimo previsional se mantuvo constante en $ 150 (US$ 150).
De acuerdo a estadísticas del gobierno porteño, entre marzo de 2013 y septiembre de 2015, las jubilaciones experimentaron una trayectoria ascendente que continuó la tendencia iniciada en 2003.
Luego de 2011, la redistribución más justa del ingreso se desaceleró pero continuó en ascenso. En marzo de 2013, la canasta alimentaria cotizaba $ 1351 y la canasta básica, $ 2377. En septiembre de 2015, esos valores treparon a $ 2618 y $ 4632, respectivamente; es decir, un alza del 94 por ciento. En el mismo período, la jubilación mínima escaló de $ 2156 a $ 4299, un aumento del 99 por ciento. Las jubilaciones le ganaban levemente a los precios.
En los últimos tres años, la jubilación mínima pasó de $ 4299 a $ 8637, o sea que se incrementó 100 por ciento en términos nominales. En el mismo período, la canasta alimentaria para dos jubilados con casa propia aumentó 127 por ciento, al pasar de $ 2618 a $ 5956 pesos. La canasta básica además de alimentos incluye bienes y servicios esenciales: ascendió un 153 por ciento, varió de $ 4632 a $ 11.749. Los precios comenzaron a ganarle a las jubilaciones.
Según el abogado especializado en temas previsionales Miguel Ángel Fernández Pastor, la jubilación mínima de 2015 ($ 4299) equivalía a US$ 456. Ley de Reparación Histórica creó una nueva prestación en reemplazo del plan de inclusión jubilatoria, a la que llamó Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80 por ciento de la mínima.
Esta prestación la cobran alrededor de 100 mil personas y, con el correr del tiempo, la cobrarán millones. El monto del haber de la PUAM es de $ 6904, o sea que la verdadera prestación mínima previsional es de $ 6904 (US$ 181).
A fines de 2017, se modificó la Ley de Movilidad Jubilatoria. Se crearon dos categorías de jubilados, aquellos “de la moratoria”, que serían jubilados de segunda categoría, que cobran $ 8630 (US$ 227), mientras que al resto les corresponde el 82 por ciento del haber mínimo vital y móvil, $ 8774 (US$ 230). Debido a que los salarios comenzaron a perder la batalla contra los precios, las jubilaciones también.
Si para comparar llevamos las prestaciones en dólares a pesos corrientes, la mínima sería de $ 5700 en el período de la Convertibilidad, de $ 17.328 en 2015 y la mínima actual (PUAM) es de $ 6904. La jubilación máxima sería de $ 31.495 en la Convertibilidad, de $ 125.980 en 2015 y es de $ 63.277 en la actualidad.
Por otro lado, la canasta de medicamentos más utilizados por adultas y adultos mayores ascendió más de 140 por ciento desde 2016, con algunos que superan los 300 puntos porcentuales. Además, se recortó la canasta de medicamentos susceptibles de descuentos vía PAMI y se redujeron sus magnitudes. La atención médica, también se contrajo.
Principales aspectos de la reforma
De acuerdo al compromiso contraído con el FMI, la reforma previsional deberá implementarse luego de las elecciones presidenciales de 2019. Quieren evitarse las gigantescas movilizaciones del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la nueva fórmula de movilidad de haberes.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es la mayor caja disponible del Gobierno y que, bajo la administración de la ANSES, financia parte de las jubilaciones, también solventadas con impuestos. El FGS está formado, fundamentalmente, por acciones de empresas privatizadas en los ´90 y que ingresaron a las arcas del Estado durante el Gobierno de Cristina Fernández.
Eso es consecuencia de la reestatización de los fondos en manos del capital financiero, de las AFJP, en 2008. A pesar de las privatizaciones de las empresas públicas, estas acciones permiten controlar y tener voz y voto en las decisiones empresariales.
Cuando se contabilizaron los fondos en manos de las AFJP el 30 de junio de 2009, el FGS contaba con US$ 30.147 millones. En noviembre de 2015, el monto acumulado se había duplicado: US$ 66.538 millones. El 30 de septiembre de este año, el monto en pesos alcanzó $ 1.419.880 millones (US$ 34.214 millones).
Se avanza en la liquidación paulatina del FGS, al que vienen deteriorando. Para darle el tiro de gracia, la carnada del anzuelo será pagar la “reparación histórica”: pan para hoy y hambre para mañana.
El FMI exige un aumento de la edad jubilatoria de mujeres y hombres, de 60 y 65 años, respectivamente, a 65 y 70. Reclama que la nueva Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) baje del 80 al 70 por ciento de la mínima.
La PUAM está pensada para las personas que en su vida activa sufrieron el desempleo y el trabajo no registrado, por lo cual no pudieron completar aportes. Repesentan buena parte del 35 por ciento más pobre de la población. Con la PUAM, a ese sector se lo sentencia a permanecer en esa condición durante la vejez.
Habría nuevos cambios en la ley de movilidad y en la fórmula de cálculo del haber inicial al momento del retiro de una persona. Se pasaría de computar los últimos 10 años de aportes a los últimos 25, diluyendo los haberes.
Se intentará eliminar los regímenes especiales, en particular el de docentes y científicos.
Alegando la insustentabilidad del sistema, se planteará la creación de un nuevo régimen de jubilación privada, aunque no se denomine mediante AFJP para engañar a la memoria y continuar con el cambio.
