Natalia GherardiDesde hace unos meses está tomando terreno la campaña por la separación del Estado argentino y la Iglesia católica: en las redes circula cada vez más información sobre los fondos destinados a la institución, los sueldos de los clérigos y demás concesiones, junto con la invitación a apostatar. ¿Qué es la apostasía? Es la renuncia pública y formal que hace una persona para dejar de pertenecer a una institución religiosa.
Sacarse la cruz del cuerpo
Todos aquellos que hayan sido bautizados figuran en los registros de la Iglesia católica; sin embargo, la mayoría no son miembros activos y una cantidad considerable ni siquiera son creyentes, pero recibieron el sacramento debido a las creencias familiares o por tradición, “porque siempre se hizo así”.
Pero los tiempos y las costumbres cambian, el avance del movimiento feminista logró llevar al Congreso la discusión por el aborto legal, y para muchos resulta inaceptable que, como se vio claramente en el debate, la influencia de la Iglesia siga teniendo tanta fuerza: desde el arzobispo de Tucumán mencionando los nombres de los diputados durante el Tedeum hasta los mismos senadores argumentando su voto negativo en base a sus creencias cristianas.
En lo que se refiere a la apostasía, la cuestión radica en que la financiación estatal de la Iglesia tiene como principal fundamentación la cantidad de argentinos “pertenecientes” a la institución, alegando que son la mayoría de los habitantes. Apostatar sirve para demostrar que una parte considerable de los argentinos no apoya a la Iglesia ni está de acuerdo en que se financie con fondos estatales.
La intensa campaña y el gran apoyo que ha recibido dieron sus frutos: ya se presentaron nueve proyectos de ley en Diputados en relación al tema y ya tuvieron lugar audiencias públicas que contaron con la presencia de legisladores de distintos bloques, organismos de DDHH, constitucionalistas y agrupaciones que luchan por la causa.
La nueva ola naranja
Luego del masivo uso del pañuelo verde, muchas personas están sumando a sus mochilas el pañuelo naranja con el símbolo de la campaña por la separación de la Iglesia y el Estado. Si bien el color fue motivo de discusión dentro del movimiento, y actualmente hay dos ramas principales con su respectivos pañuelos -la Campaña Federal por la Separación Iglesia/Estado (color naranja) y la Campaña Nacional Por un Estado Laico (color negro)-, ambas se movilizan por la misma causa.
Muchxs rechazaron el uso del color naranja por caracterizar al movimiento opositor a la Ley del matrimonio Igualitario en 2010, liderado, paradójicamente, por la Iglesia. Sin embargo, una vez que se comenzaron a vender en la calle los pañuelos naranjas, se impusieron como mayoritarios.
Uno de los principales ejes de la campaña es la cuestión económica: en la actualidad el Estado Argentino, siguiendo leyes sancionadas durante la última dictadura, se hace cargo de pagar los sueldos eclesiásticos, y, según declaraciones del Jefe de Gabinete Marcos Peña a principio de año, en este sector se invierten más de 130 millones de pesos y un obispo puede llegar a ganar casi $47.000, mientras que la jubilación mínima ronda los $8.637.
A la Iglesia también se le otorgan otros beneficios económicos como exenciones impositivas y gran cantidad de subsidios a instituciones educativas religiosas. Por dar un ejemplo, en lo que respecta a CABA, nada menos que la Universidad Católica, una institución que no se caracteriza por sus bajos aranceles, está exenta del pago de Ingresos Brutos, ABL y Patentes.
¿Curas enseñando ESI?
Pero el vínculo entre la Iglesia y el Estado no se limita a cuestiones económicas: uno de los grandes problemas que acarrea esta dependencia, según los defensores de la apostasía, es la injerencia de la institución sobre las políticas públicas y, sobre todo, en la educación.
¿Cómo se puede esperar una formación verdaderamente laica y la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral cuando la Iglesia tiene participación en los Consejos Consultivos del Ministerio de Educación (donde se decide el diseño curricular), cuando el 75% de las escuelas privadas confesionales tienen subvención total, y cuando en provincias como San Juan la capacitación docente para brindar educación sexual queda en manos de una institución vinculada a la Iglesia? ¿Es compatible la implementación efectiva de políticas educacionales para la prevención de embarazos no deseados con un sistema educativo ligado a un culto religioso que históricamente se opuso a este tipo de formación?
Ilustración: Sukermercado
