Ignacio PolitzerEl reciente 23 de diciembre, día previo a la Nochebuena, un juez argentino que se estaba jubilando con esta sentencia dijo “este juicio ha concluido”. Así Martinez de Giorgi culminaba su presidencia del Tribunal Oral Federal en lo criminal 5 (compartido con Daniel Obligado y Adriana Palliotti) que trató la etapa oral del juicio por la caída del avión de Austral que había comenzado en 1998.
El avión se cayó en Fray Bentos, Uruguay, el 10 de Octubre de 1997. Murieron sus 74 ocupantes, entre ellos mi viejo que se llamaba Alejandro. Los familiares fuimos en búsqueda de reparación judicial cuando observamos que desde la empresa –que en ese momento pertenecía a la española Iberia– nos mintieron desde el minuto cero: primero diciendo que había sobrevivientes, luego acusando sin pruebas ni informes la labor de sus pilotos y, finalmente, echándole la culpa a la cuestión climática.
Con el tiempo se hizo una investigación uruguaya –les correspondía por haber caído el avión en su país– que determinó que la aeronave le faltaba un instrumental: la famosa alarma ámbar que indicaba el engelamiento de los tubos pitot. En resumidas cuentas, los tubos pibot son los encargados de medir la velocidad del avión, si se congelan conviene no mirar el velocímetro y guiarse por otras cosas. Al faltar la alarma ámbar del engelamiento los pilotos no podían saber si los tubos se congelaron o no.
nos mintieron desde el minuto cero: primero diciéndonos que había sobrevivientes, luego acusando sin pruebas ni informes la labor de sus pilotos y, finalmente, echándole la culpa a la cuestión climática.
El informe pericial uruguayo determinó que esa fue la causa de la caída y esto fue refrendado por la norteamericana OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). La OACI entra a investigar esta tragedia debido a que el avión era de la empresa norteamericana Boeing y tenían que saber si era un desperfecto de fábrica u otra cosa. Ya a principios de los 2000 se supo que la causa había sido la mala lectura derivada de la falta de instrumentación. Así transcurrieron muchos años de la causa judicial, en donde se procesó a treinta y dos personas entre directivos de la empresa y miembros de la Fuerza Aérea. Estos últimos se supone que eran los encargados de controlar todo lo que volaba por el cielo argentino. Finalmente en 2013 se elevó a juicio oral y recién en 2019 comenzó el juicio. En el medio nos enteramos que este avión formaba parte de un negociado de nueve aviones para chatarra que Iberia se auto vendió a Austral pero que se pagaron como nuevos por el presupuesto argentino.
Volviendo al 23 de diciembre de 2021. El fiscal del ministerio público García Elorrio se juntó con los nosotros y nos dijo que conocía esta causa, que iba a “dejar todo” para que no quedara en la impunidad. Nos tocó en Comodoro Py la sala Amia (como si fuera un presagio). Ahí los jueces permitieron realizar una nueva pericia sobre el informe uruguayo con profesionales elegidos por los procesados y por el fiscal. Los peritos de los procesados dijeron que el informe estaba mal y que fueron el piloto y su copiloto los responsables de una mala maniobra. De hecho, uno de ellos –piloto de trayectoria– dijo: “En la cabina se da una lucha de machos alfa y quizás eso originó un desencuentro y la caída”. Luego de realizar este análisis de la pericia, se pasó a la ronda de testigos, más de cincuenta que fueron pasando por el zoom. Curiosamente el juez no permitió (supuestamente por una cuestión de tiempos) que declararan quienes habían realizado el informe uruguayo ni Enrique Piñeyro, que había sido designado por el sindicato de pilotos para investigar que había ocurrido y había firmado el informe final. En ese momento íbamos veintitrés años de juicio.
nos enteramos que este avión formaba parte de un negociado de nueve aviones para chatarra que Iberia se auto vendió a Austral pero que se pagaron como nuevos por el presupuesto argentino.
De esta manera, con un escenario armado desde el día uno, construyeron la idea de que había dos pericias y que no se podía saber qué pasó exactamente y por ende no se podía acusar. Eso dijo el mismo fiscal que se había comprometido con las familias a “dejar todo”. Sólo acusó a un miembro de la DNA (Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, encargada del control técnico de los aviones) que cambió el documento público donde decía que las alarmas faltantes las tenían que colocar en enero de 1997: fue el encargado de borrar esa fecha y cambiarla por 1998. En el juicio declaró el trabajador a quien le ordenaron, de mala manera, realizar esa tarea. Lo sorprendente es que este señor, que se llamaba Danilo Wenk, murió una semana antes del veredicto. Se quedaron sin chivo expiatorio y se permitieron absolver a todos por la “duda razonable”.
Así terminó la etapa oral de un juicio de veinticuatro años en los tribunales de Comodoro Py de la República Argentina. El poder judicial argentino dijo que no puede saber que pasó y que la cámara de Casación evaluará este desempeño. Pero lo que queda claro es que otra vez el poder judicial argentino garantizó la impunidad de los responsables de una de las tragedias más grandes que sucedieron en el país neoliberal de los 90. Seguiremos peleando para que estos tribunales cambien y sean tribunales del pueblo.
