Dario SakkalEl 7 de febrero, en el estadio Raymond James de Tampa, Florida, Estados Unidos, se celebró el Super Bowl número 54. A diferencia de otras veces, lo más llamativo no fueron los shows de presentación –una superproducción de The Weekend– ni el récord de las 132 millones de paltas mexicanas que se importaron especialmente. Lo característico de este año fue que, debido a la pandemia, casi la mitad de los espectadores pertenecía al personal de salud vacunado. Como lo más predecible es que este tipo de medidas sanitarias se traten de imitar en otros lugares del mundo que contengan eventos similares, ese solo dato les sacó poder a los números con los que nos suele sorprender este clásico del deporte que solo se aprecia en su país de origen.
Por la misma razón –esa fotocopia barata de políticas que por diferentes motivos suelen hacer quienes están en el poder–, convendría prestarle atención a la última novedad en materia de brutalidad policial que trae el mismo país del Super Bowl. La nueva herramienta con la que los responsables de la seguridad están empezando a incursionar consiste en patrullar con canciones famosas de fondo, por ejemplo “Yesterday” de los Beatles, que salen a todo volumen de los celulares para que, de esta forma, si a alguien se le ocurre grabar mientras hacen algo indebido, se le complique compartirlo en redes sociales.
La lógica detrás de esto es un tanto inteligente como retorcida: al subir el video a Instagram, la aplicación detecta automáticamente que no se pagó el Copyright correspondiente y al instante da de baja el contenido. Cualquiera de estos días las canciones de Sublime, que no dudaban en cantar contra la opresión policial, podrían dejar a un asesinato como el de George Floyd sin registro audiovisual alguno.
Lo primero que se nos viene a la cabeza al enterarnos de este accionar policial es pensar que se podría solucionar sacándole el volumen o editando el video antes de compartirlo. Pero hay dos temas. Primero: subir un video sin sonido haría que cualquier amenaza, insulto, manifestación racista y demás desapareciera; y segundo: editar un video antes de compartirlo haría que el mismo pareciera un collage de imágenes pegadas y perdiera veracidad.
De cualquier forma, si quien tuviera esa grabación pudiera saltear las dificultades técnicas y compartirlo en redes sociales, los policías-DJs podrían lograr que las agencias de noticias se negaran a publicarlo, al argumentar que no pueden hacerlo sin pagar antes los derechos de las canciones.
La peor parte es que este intento de escrachar en redes sociales a quienes se encargan de manejar el control de la violencia no es únicamente estadounidense. En noviembre del año pasado, el parlamento francés cambió una ley que, en sus palabras, “protege a los agentes de policías de la violencia de internet”: según la modificación del artículo en cuestión, mostrar la identidad de cualquier oficial en servicio se convierte en un delito penado con multa y pena de prisión de hasta un año. Casualmente o no, este proyecto de ley fue aprobado una semana después de que millones de personas vieran en un video de 15 minutos cómo cuatro policías (que luego fueron detenidos y suspendidos de sus funciones) entraban al estudio privado del productor musical Michel Zecler y lo insultaban, le gritaban cosas racistas y le pegaban hasta lastimarlo seriamente. El accionar en conjunto del Estado francés parecería querer decirnos que el ciudadano que graba un video de un policía abusando de su poder merece el mismo castigo que el policía abusador. Intenta establecerse, con todo el peso de la ley, el medievalismo de que a una injusticia la construye quien se ocupa de marcarla.
En Argentina, aunque es legal grabar a policías, contamos con un claro registro audiovisual que muestra de qué forma se intenta frenar a quien quiera hacerlo. Por ejemplo, se vio con los agentes de la Policía Federal que reprimieron a un pasajero de la línea del tren San Martín. El contenido –subido a las redes y publicado en importantes medios– vino de la mano de “Ofensores en los trenes”, un programa creado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y aprobado en octubre de 2019 que era publicitado en redes sociales mediante imágenes de policías que, con delicadeza, les solicitaban la documentación a pasajeros que a su vez les entregaban el DNI con amabilidad y empatía. Al final, como broche de oro, aparecía la voz en off de la ex ministra: “Queremos cuidar a los que viajan”.
Pero la grabación que se viralizó mostraba todo lo contrario a esa publicidad bucólica de una vida en armonía: en ella se ve cómo tres policías le exigen el documento a una persona que se niega a presentarlo, y terminan forzándolo violentamente; una vez reducido, lo dan vuelta y lo mantienen apretado contra una persiana metálica; uno de los agentes, posiblemente estimulado por el subidón de poder policial, corre hacia quien está grabando desde el mismo vagón y le dice que deje de hacerlo, que está incumpliendo una ley federal; el pasajero con ambiciones de camarógrafo de Policías en acción argumenta que mientras no esté interrumpiendo el operativo, está en todo su derecho. La respuesta que recibe es clara: “A mí no me vas a filmar, te voy a romper todos los huesos”. Acto seguido, con un chiflido se solicita la presencia de un guarda, que lo baja del tren y le impide seguir viajando. El Michael Moore de las pampas no quiso dar nombres.
¿Qué tienen que ver lxs fans del k-pop con Donald Trump y Las Manos de Filippi?
Para ponerlo en números: en el año en que los ciudadanos argentinos conocimos lo que era el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Secretaría de Derechos Humanos recibió 531 denuncias de abuso policial, incluyendo 25 muertes. La misma entidad recibió 71 en 2019. De habernos adelantado a los DJs policías estadounidenses, hubiéramos visto un mega show de policías federales deteniendo gente en las calles mientras de fondo el Indio Solari cantaba “deténganme, deténganme”. Y si, por casualidad, quienes controlan nuestras leyes hubieran creído que no era mala la idea francesa de multar a quien quisiera compartir un video de abusos policiales, lxs ciudadanos formoseños podrían hoy estar presos o haber sido multados por haber mostrado imágenes de la represión policial all inclusive de hace unos días.
Esperemos, por lo pronto, que este artículo no le dé la información necesaria a ningún alto rango policial de este mundo, que está cada vez más y más vigilante.
