Natalia GherardiSe observaba gran diversidad entre el público asistente: desde personas con rastas y colores jamaiquinos, que coinciden con el estereotipo con el que se suele vincular la marihuana, hasta mujeres que pasan los sesenta años y hombres de traje. Esta misma diversidad estaba presente entre lxs oradorxs: tanto políticxs y legisladorxs como mamás que cultivan para tratar a sus hijxs enfermxs, escritorxs y abogadxs penalistas, se unieron en una jornada para avanzar en una cuestión que lentamente, cada año, va tomando importancia en Argentina.
Qué conlleva el prohibicionismo
En lo que respecta al cultivo, venta y consumo de cannabis, en nuestro país, así como en gran parte del mundo, predomina el prohibicionismo, una política de Estado que suele tener como eje el fortalecimiento de las fuerzas represivas –que se condicen con la persecución que se lleva a cabo a consumidorxs- y el uso del Derecho Penal como primera opción. Este tipo de Estado es de carácter paternalista y moralista, y pasa por encima de la libertad individual de lxs ciudadanxs al limitar su poder de decisión sobre su cuerpo, además de estar cargado de una discriminación feroz que marca claras diferencias en la prohibición según la clase social.
Esta política prohibicionista y de persecución ya ha probado ser ineficiente: luego de décadas de imperar en casi todo el planeta, el uso de las drogas aumentó, el narcotráfico se expandió año a año por el mundo entero, y la violencia que éste conlleva alcanzó niveles exorbitantes.
Cuando se habla de la legalización de la marihuana, la discusión no se limita a terminar con la prohibición de esta planta, sino de una nueva noción de Estado: se trata de una sociedad que ya no entiende al Estado como un ente represor que establece por la fuerza aspectos de la vida personal, sino como aquel que, ante todo, garantiza derechos y gobierna según el deseo de de lxs ciudadanxs.
De esta manera, se proyecta un Estado respetuoso de las libertades individuales, que no sólo legisle derechos, sino también que garantice el acceso a los mismos a toda la población. Y, si bien terminar con el narcotráfico debe ser una prioridad, para el Estado debe ser fundamental la asistencia y contención a las personas adictas
Cabe recordar que al hablar de legalización del cannabis se corre el riesgo de caer en un Estado liberal sin restricciones, en el que el negocio de la marihuana queda en manos de unxs pocxs: ni las grandes tabacaleras ni los laboratorios internacionales deben acaparar este mercado.
¿Marihuana y feminismo?
En más de una de las exposiciones se nombró una idea que se siente cada vez más en la sociedad argentina: la importancia de la noción de deseo en el discurso político y a la hora de legislar. Esto se relaciona directamente con el concepto de libertad, que tiene un papel fundamental en la lucha por el aborto legal: tener la libertad de decidir sobre el propio cuerpo es un derecho elemental. El Estado debe garantizar que, mientras no se afecte a terceros, cada individuo pueda ejercer su deseo particular sobre su cuerpo, y esto aplica de igual forma a cuestiones tan distantes entre sí como practicarse un aborto y cultivar marihuana para consumo recreativo.
Ambas luchas tienen como eje común la emancipación de los cuerpos de aquellas instituciones que históricamente los oprimieron y limitaron, desde el Estado hasta la Iglesia -que, casualmente, suele ser el portavoz en contra de estas iniciativas-, teniendo como bandera la libertad.
Las madres abandonadas por el Estado
Roxana Chand Kaur y Jimena Formosa están unidas por una misma realidad: tienen hijos enfermos a los que las drogas ofrecidas en las farmacias no los ayudaban, a diferencia del cannabis medicinal; sin embargo, lxs médicxs que los atendieron (a excepción de uno en el caso de Roxana) no contemplaron a la planta como una opción y pretendieron que los hijos de estas mujeres siguieran sufriendo las consecuencias de sus trastornos y enfermedades, que para el hijo de Jimena, de cinco meses de edad en ese entonces, significaba la muerte.
Ambas madres, teniendo en mente ante todo el mejoramiento de la salud y calidad de vida de sus hijos (prioridad que debería tener también el Estado y en particular el sistema de salud), se introdujeron en un mundo hasta entonces completamente desconocido para ellas: el mundo del cannabis y el autocultivo.
Al poco tiempo de comenzar el tratamiento con aceites y mantecas cannábicas, sus hijos mostraron una mejoría que hasta entonces ningún fármaco legal había logrado. El hijo de Jimena, que nació con parálisis severa y otras patologías, y sufrió daños en su riñón e hígado a causa de los medicamentos, pasó de consumir 87 fármacos diferentes a tratarse únicamente con aceite de cannabis. Transitó sus primeros meses de vida completamente entubado y con una parálisis total; hoy, con tres años, no está conectado a ninguna máquina y se muestra feliz.
¿Es legítimo que el Estado haya prohibido por tantos años el cannabis medicinal y haya perseguido a sus usuarios, cuando esta sustancia fue la única capaz de traer paz a tantas familias como las de Roxana y Jimena? Si con su política prohibicionista el Estado alega estar protegiendo a su población, ¿cómo explica que de no ser por la valentía de sus madres en ir contra el statu quo y la ley, miles de chicxs sufrirían día a día un agravamiento de su enfermedad e incluso la muerte? No hay que olvidar que, como dijo Jimena, sus chicxs, al tratarse con cannabis autocultivada, ya no son clientes de los grandes laboratorios.
