Alejo Vivacqua
Así como en Argentina el 2008 fue un año de quiebre en términos ideológicos, uno desde el que es posible rastrear la reaparición de la ‘grieta’ en la escena política nacional, en Bolivia pareció ocurrir algo similar.
Mientras en nuestro país el conflicto con el campo escalaba y las organizaciones patronales bloqueaban las rutas en rechazo a una modificación en las retenciones, un grupo de jóvenes militantes afín al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner aparecía en la primera plana. La Cámpora, que había sido fundada en 2006, adquirió desde entonces un rol co-protagónico en la vida política argentina.
En Bolivia, durante el primer mandato de Evo Morales, algunas agrupaciones juveniles tomaron un camino parecido. Fue el caso de Columna Sur, una organización creada a partir del intento de desestabilización de un grupo de derecha que, con impulsos separatistas, se levantó en rechazo a las políticas sociales del primer presidente indígena de la historia.
Columna Sur tiene entre sus integrantes a Adriana Salvatierra —quien fuera hasta hace pocos días antes del golpe la presidenta más joven de la historia del Senado boliviano— y está comandada actualmente por Mauricio Bustamante, sociólogo y politólogo paceño, con quien hablamos.
Antes que nada, a modo de presentación, ¿cómo describirías a Columna Sur?
Somos una organización social boliviana de carácter marxista leninista, fundada en 2008 cuando se intentó un golpe de Estado contra el Presidente Evo Morales liderado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz a la cabeza de un furioso anticomunista de origen croata llamado Branko Marinković. Asimismo, en ese entonces se descubrió un arsenal de guerra en Santa Cruz, donde se hallaron planes de desestabilización del gobierno y de atentados contra la vida del Presidente Morales, su gabinete y otras autoridades. Estos hallazgos condujeron a la localización de un grupo paramilitar extranjero vinculado a Marinković, que fue abatido en un operativo policial en un hotel céntrico en la ciudad de Santa Cruz en el que fallecieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, y donde se detuvo a Mario Tadic y Iedad Toazo, acusados de terrorismo, atentado contra la seguridad del Estado e intento de asesinato de dignatarios.
Este grupo secesionista de extrema derecha, a través de Rózsa, tenía un blog con enlaces de páginas bolivianas de derecha que mostraban los planes de separatismo que hablaban de una “Nación y Patria Camba” (Cambas es como se denominan a personas nacidas en el oriente boliviano).
¿Cuál fue el rol de la juventud en los últimos años en Bolivia?
Hay movimientos muy amplios y muy diversos. En las recientes protestas contra Evo Morales se observaron jóvenes de clase media y clase alta muy activos en redes sociales y en los bloqueos de calles en zonas urbanas de sectores acomodados. En el último mes recobraron importancia grupos de jóvenes militantes de la extrema derecha, cuya tradición es histórica a través de la denominada Unión Juvenil Cruceñista, que tiene entre sus antecedentes una participación activa en los golpes militares de la década del ‘70. De hecho, el actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista hace algunos años.
Lo llamativo es que estos grupos de choque con tendencia fascista organizaron movimientos similares en Cochabamba y La Paz, que se autodenominaron “Resistencia Juvenil Cochala” y “Resistencia Juvenil de La Paz”, y salieron a las calles en caravanas de motos y armados con bates de béisbol, bazucas artesanales, bombas molotov y objetos cortopunzantes, cubiertos con gorras, pañoletas y lentes. Su accionar fue deplorable principalmente en la ciudad de Cochabamba, donde agredieron a mujeres de pollera por su condición de campesinas y secuestraron a Patricia Arce Guzmán, alcaldesa del MAS del municipio de Vinto, humillándola ante una multitud, cortándole el cabello, golpeándola, echándole pintura roja en el cuerpo y amenazándola con quemarla viva.
Otro sector importante de jóvenes son estudiantes de las Universidades Públicas, que si bien no han sido protagonistas de protestas contra el gobierno de Evo en los últimos años son parte de una crisis de despolitización de las universidades, cuyo rol viene siendo cada vez más cuestionado por la sociedad. La juventud universitaria salió a reforzar las movilizaciones de los cívicos en base a la consigna de “salvar la democracia” pero sin una perspectiva analítica y crítica, a tal punto de que hoy están desmovilizados ante la dictadura. También hay jóvenes afines al MAS y al proceso de cambio con más de doce años de vida política activa: aquí destacan jóvenes campesinos, indígenas, las juventudes del MAS y jóvenes de organizaciones como Columna Sur, La Resistencia, Generación Evo, entre otras, que hoy por hoy están presentes en las protestas contra el golpe de Estado y la dictadura de un gobierno de facto, que tiene sobre sus espaldas estadísticas espeluznantes: veintitres muertos en nueve días.
Por supuesto, existen también jóvenes de distintos colectivos culturales que no se identifican ni con un bando ni con el otro, según sus propias palabras, que estos últimos días se han dedicado a organizar actividades callejeras llamando a la pacificación.
Desde afuera la sensación es que hay muchos seguidores de Evo desprotegidos, que están siendo perseguidos y ya no cuentan con la conducción del MAS desde el Poder Ejecutivo.
Los seguidores de Evo fueron perseguidos incluso antes de que renuncie. Las milicias urbanas sembraron el terror quemando casas de autoridades del MAS, secuestrando a sus familiares bajo amenazas de muerte, obligando a muchas autoridades nacionales, subnacionales y parlamentarios a dimitir a sus cargos. Naturalmente, ante un golpe de Estado y la asunción de un gobierno de facto la persecución política continúa. El Ministro de Gobierno del régimen dictatorial, Arturo Murillo, ha señalado que será firme en la cacería de los sediciosos y en las últimas horas anunció una comisión especial de fiscales para detener a senadores y diputados del MAS que se pronuncien en contra del gobierno.
El Poder Ejecutivo ha quedado completamente en manos del gobierno fascista, que no ha dudado en circular nóminas de funcionarios de cada institución que serán perseguidos. La autoproclamada Presidenta Jeanine Áñez ha manifestado que todos los cargos públicos deben estar a su disposición y la persecución política no solamente es contra militantes del MAS sino también contra ciudadanos venezolanos y cubanos, e incluso periodistas argentinos que fueron obligados a dejar el país.
CIDH condena uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba #Bolivia que ya resultaron en 5 personas fallecidas e múltiples heridas. Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales (1/6) pic.twitter.com/G6lg5hx0W5
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
¿Qué diferencias en cuanto a protestas y violencia se ven en las distintas ciudades (La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre…)?
Existe un conflicto social latente. “La masacre de Sacaba”, como se ha denominado al acribillamiento de campesinos en el trópico de Cochabamba, donde murieron varias personas por el uso de armas de fuego por parte del ejército boliviano, ha escalado el conflicto y la indignación es evidente principalmente en los sectores populares. La Paz registra todos los días marchas multitudinarias por parte de las juntas vecinales de El Alto, maestros rurales, mineros y campesinos de las veinte provincias de La Paz, que son reprimidas por policías y militares que tienen tanques en las calles y helicópteros y aviones sobrevolando la ciudad.
El Alto realiza casi a diario cabildos masivos, que han ratificado como principal demanda la renuncia de la autoproclamada presidenta Áñez. Asimismo, se registran enfrentamientos con las fuerzas del orden y se mantiene un bloqueo de caminos en la zona de Senkata, impidiendo el paso de alimentos, gas y gasolina a la ciudad de La Paz. En Cochabamba también se registran enfrentamientos diarios y en el último cabildo de las 6 Federaciones del Trópico se exigió también la renuncia de Áñez y el repliegue de las fuerzas militares. En Santa Cruz y Sucre se desmovilizaron los comités cívicos y las actividades vuelven a su normalidad paulatinamente.
Llama la atención la rapidez con la que se dio todo. En estos últimos meses, ¿se podía prever el golpe de estado? ¿Notaban el caldo de cultivo de violencia que se venía gestando?
No era algo evidente. En los últimos meses todos los partidos estaban inmersos en la campaña política y no se habían registrado ni siquiera hechos de violencia entre oficialistas y opositores. El primer indicio del golpe se dio poco antes del 20 de octubre, día de las elecciones, donde los Comités Cívicos de Santa Cruz, Potosí y Tarija organizaron cabildos ciudadanos y dictaminaron la desobediencia ante los resultados de las elecciones. En ese momento todas las encuestas daban por ganador a Evo Morales con una diferencia de entre nueve y diez puntos por encima del segundo, Carlos Mesa.
El segundo indicio se dio cuando se paralizaron los reportes del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) mientras se contabilizaban el 85% de las actas. Pese a que el gerente de la empresa había indicado que el TREP no iba a reportar sobre el 100% debido a limitaciones logísticas para poder cubrir zonas rurales muy alejadas y sin internet, Carlos Mesa salió a convocar a protestar contra el fraude electoral y allí salieron a las calles jóvenes que quemaron los Tribunales Electorales de cinco departamentos del país. A partir de allí se sumaron nuevamente al pedido de segunda vuelta los Comités Cívicos, quienes rápidamente transformaron la demanda exigiendo la anulación de las elecciones y poco después la renuncia del presidente Evo Morales. Sin embargo, hubo supuestos distanciamientos entre los partidos de derecha y líderes de la oposición, que configuraba un escenario en el cual lo más previsible era que el conflicto se apagara.
Hoy parece ser que todo fue planeado hasta el último detalle, pues en el punto más flaco de las protestas contra Morales radicalizaron la violencia en Cochabamba y la Policía Nacional, en lugar de controlar la situación, se amotinó primero en Cochabamba y luego en todas las ciudades capitales e intermedias. De hecho, después del golpe, tanto policías como milicias urbanas de derecha salieron a reprimir a los sectores populares. En ese contexto se sumaron las Fuerzas Armadas indicando que no saldrían a reprimir a su pueblo y sugiriendo la renuncia del presidente Evo. Hoy por hoy están en las calles matando impunemente a la población, impunemente de manera literal, pues hace tres días el gobierno de facto aprobó un Decreto Supremo que libera de responsabilidad penal a los militares en sus labores de “disuasión” de las protestas populares.
La zona de El Alto y La Paz es un bastión para Evo. Para conocer un poco más sobre esta región: ¿cómo se vivieron ahí estos años de gobierno y por qué este proceso social tiene fuerte apoyo en ese lugar?
“¡El Alto de pie, nunca de rodillas!”, es la máxima sentencia de la población alteña. Son ellos quienes se enfrentaron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2003, en defensa de los recursos naturales de todos los bolivianos y bolivianas. Murieron más de setenta personas tanto de El Alto como de Warisata en los enfrentamientos con los militares, y allí nació la agenda de octubre que se fundaba básicamente en la nacionalización e industrialización de los recursos naturales y en la convocatoria a una Asamblea Constituyente de refundación nacional, puntos que fueron atendidos por el gobierno de Evo y que hoy explican su apoyo.
Sin embargo, también hubo puntos de inflexión entre el MAS y El Alto, y un dato sobre ese contexto es que la actual alcaldesa de la ciudad, Soledad Chapetón, es de un partido de derecha. Fue el castigo al MAS por repostular a un alcalde sospechado de corrupción y que hoy está en la cárcel (Edgar Patana). Por eso hoy la lucha de El Alto es por el Presidente, pero según ellos va más allá de Evo: es la lucha por la patria, contra un gobierno fascista, racista, discriminador y de facto. Es por la verdadera democracia y por el respeto a su cultura, a la wiphala y a su identidad.
¿Qué representa la imagen de la quema de la wiphala?
Ha sido una afrenta a los pueblos indígenas, que consideraban lograda su inclusión social. Fue la imagen más precisa del tinte racista del gobierno de facto. La wiphala es una bandera cuadriculada con cuarenta y nueve espacios con los siete colores del arco iris, con una franja de siete cuadrados blancos en el centro que simbolizan el Qullasuyu, o territorio sobre el que se encuentra Bolivia. Fue reconocida por la nueva Constitución Política del Estado del año 2009 como un símbolo patrio. Es la imagen contrapuesta. Significó la revalorización de la diversidad, la no exclusión y la “hegemonía de la diversidad”, como denominaba René Zavaleta Mercado, un notable intelectual boliviano, en lugar de “hegemonía en la diversidad”.
Queman una Wiphala, símbolo de resistencia de los pueblos indígenas del Abya Yala, mientras cantan "Sí se pudo". Esto es parte del golpe de Estado que transcurre en Bolivia 👇🇧🇴 pic.twitter.com/tdGSOa2yEY
— Juan Manuel Karg (@jmkarg) November 11, 2019
¿A quién representa Luis Fernando Camacho y cómo funciona el Comité Cívico Pro Santa Cruz?
El Comité está ligado a los sectores empresariales más pudientes del país. Históricamente formaron parte de golpes de Estado y de gobiernos antipopulares. En el golpe de Hugo Banzer Suárez en el año 71, el más sangriento de la historia boliviana, fueron las familias Gasser y Bleyer quienes a través del Comité Pro Santa Cruz financiaron y participaron del golpe. En siete años de dictadura, en una época de bonanza económica en Bolivia debido al elevado precio de los minerales, estos sectores se repartieron la tierra cruceña indiscriminadamente, llegando en pocos años a ser grandes ganaderos y empresarios agroindustriales.
Funcionan bajo una lógica corporativa que se basa en el empresariado oligárquico pero que formula una narrativa regional y religiosa que conecta con la población cruceña de clase media, producto de una inflación retórica que reivindica el ser cruceño o el ser camba como una forma de autoidentificación cultural contrapuesta a otros sectores o grupos culturales de Bolivia.
Los grandes medios en Argentina no muestran mucho lo que está pasando. ¿Cómo es la situación de los medios en Bolivia, y de qué manera se informan quienes apoyan a Evo y condenan el golpe?
Pasa exactamente lo mismo. Los medios bolivianos en general no informan sobre lo que está pasando. Incluso han dejado de transmitir programas de análisis político y en su lugar pasan películas o series animadas. En los lugares de conflicto en La Paz se observan más medios argentinos, españoles, alemanes, e incluso asiáticos, que bolivianos. Recién informaron sobre las movilizaciones cuando se produjo la masacre de Sacaba, porque no podían tapar el sol con un dedo, pero a pesar de ello volvieron al silencio cómplice e incluso fueron amenazados por la nueva Ministra de Comunicación, quien dijo que no permitiría medios sediciosos. Su reacción ha sido el silencio, un silencio que ensordece, sorprende y duele.
¿Están en este momento en contacto con movimientos sociales, organizaciones o agrupaciones políticas del exterior?
La solidaridad internacional ha sido espontánea. A diario observamos mediante las redes sociales marchas multitudinarias en las calles de América Latina y de Europa condenando el golpe de Estado. Nos alegra mucho y nos anima porque sabemos que no estamos solos, pero nos entristece por la vergüenza de tener en Bolivia un gobierno de facto, producto de un golpe militar en pleno siglo XXI, que tiene a nuestro territorio militarizado y con fuerzas del orden que detienen, persiguen y matan sin ninguna consideración humana. Pero resistiremos y venceremos.
*Foto de portada: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
