Plan B: el proyecto de aborto que puede salir si no se logra mayoría en el Senado

El debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado viene peleadísimo. Al día de hoy hay 37 votos en contra en el caso de que asistan el dubitativo Adolfo Rodríguez Saa y Carlos Menem, que faltó al 85% de la sesiones. A favor hay 31 votos, que podrían subir si se suman senadores abstencionistas como Omar Perotti, José Alperovich o Lucila Crexell. Es precisamente Crexell quien presentó un proyecto alternativo de ley, mucho más moderado que el que logró media sanción en el Congreso. En caso de que no se lleguen a juntar los votos necesarios para aprobar el proyecto original, el proyecto de Crexell puede ser la última oportunidad. Veamos en qué consiste:

1. El aborto ya no es considerado un derecho: el Estado no toma partido y sigue siendo formalmente antiaborto aunque despenaliza su práctica.

2. De esa manera no regula la objeción del médico ni la institución para practicarlo, no prevé ningún tipo de consultoría ni acompañamiento institucional a la mujer que aborte, ni establece consentimiento informado.

3. Desaparecen las obligaciones para los centros de salud, la cobertura de abortos por parte de las obras sociales, prepagas y hospitales públicos. Tampoco hay articulación con la Educación Sexual Integral ni registro estadístico nacional.

4. El plazo para abortar sin causales pasa de 14 semanas de gestación a 12. El plazo para abortar con causales pasa de 15 semanas a 13. La inviabilidad de la vida del feto fuera del útero ya no es considerado un causal para abortar, el riesgo de vida para la madre es más restrictivo. La violación como causal se mantiene.

5. Los abortos practicados pasado el plazo se consideran delito, igual que en el proyecto original, pero con menos atenuantes para que el juez considere.

Básicamente, el proyecto de Crexell despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación. Mucho menos que el proyecto original, pero mucho más que la situación actual. El proyecto descompromete al Estado y le pasa la responsabilidad a cada provincia y cada hospital. Eso les permitiría a los senadores votar el proyecto sin quedar pegados ante la Iglesia, el lobby antiabortista y sus votantes más conservadores.