ponele.infoLas grandes cadenas de super e hipermercados concentran cerca del 70% de los productos de consumo básico de los argentinos. La mitad de ellas son empresas trasnacionales y las nacionales, como Coto, se ubican en el top 5 de blanqueadores de dinero no justificado y fugado de la economía nacional, tal como lo demuestra la lista de los principales blanqueadores de dinero difundida durante los últimos meses. Pero, además, son estas empresas las que imponen precios a los productores y multiplican, de acuerdo a los estudios difundidos por el propio Estado Nacional, por 7 a 8 veces en promedio, y en ciertos productos 15 a 20 veces, el precio que finalmente llega a los consumidores en las góndolas. A esto datos se suman los grandes negocios financieros en los que participan gracias a que pagan a los productores a 120 días y remarcan semanalmente por encima de la inflación.
A su vez, tal como quedó demostrado con las recientes reducciones de personal y amenazas de cierres de la cadena Carrefour, el Estado otorga numerosos beneficios a los mismos actores que aceleran la dinámica inflacionaria. Desde febrero, el Movimiento Popular La Dignidad y miembros de otras organizaciones sociales nucleadas en la CTEP CABA venían planteando la necesidad de realizar controles de precios rigurosos y la implantación de góndolas cooperativas de pequeños y medianos productores en los principales canales de comercialización. Pero, como cualquier lector de diarios puede verificar cada fin de semana, los hipermercados distribuyen fortunas que cubren con sus “ofertas” decenas de páginas en los principales medios de comunicación y este tipo de propuestas no tienen presencia mediática ni visibilidad pública.
Por eso, el viernes 17/8 una protesta se desplegó en más de 300 super e hipermercados de todo el país. ¿Qué proponía? Que las cadenas comerciales ofrezcan hasta diez mil productos y destinen al menos el 5% de su facturación anual a productos regionales y cooperativos. Que reserven el 20% de sus góndolas para la venta de productos regionales, cooperativos y de fábricas recuperadas. Que se realice una quita del IVA en los productos de la canasta básica de alimentos, tal como ya se implementa en la mayoría de los países donde, por ejemplo, el boleto de subte cuesta lo que se quiere hacer pagar ahora a los usuarios argentinos. También se presentó en el marco de la protesta un proyecto de creación del Consejo Nacional de Precios, integrado por todos los actores involucrados en el proceso de producción, comercialización y distribución de los productos. En relación a los plazos de pago, y apuntando al fortalecimiento de las economías regionales y de sectores de la economía popular, que justamente precisan de la rápida recuperación de su capital para garantizar productividad, se propuso elaborar un acuerdo de plazo de pago máximo de 15 días para las cooperativas pequeñas y de hasta 30 días en el caso de las más grandes.
Todas estas medidas, que pueden concentrarse en un programa de Precios Justos y una Ley de góndolas, apuntan a la creación de condiciones más justas de competencia entre los productores y en las relaciones con los grandes distribuidores y comercializadores, pero también contribuirían a la creación de trabajo estable y a la visibilización de los trabajadores de la economía popular que son los que sostienen el empleo y la producción y no se manejan con criterios especulativos.
Fotos: Matías Sastre
