Natalia GherardiIlustración: Emiliano Ciarlante
Recientemente hicieron surgir el debate por la ley de inmigración y la expulsión de los extranjeros que delinquen dentro del país y por la polémica compra de 200 pistolas Taser para las fuerzas de seguridad. En las últimas semanas el gobierno dio a conocer un anteproyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años para delitos con penas máximas de 15 años. Cabe mencionar que Cambiemos tuvo una iniciativa similar a principios de 2017, pero proponían bajarla a 14 años. Con la nueva propuesta no dieron argumento alguno de por qué la edad más adecuada sería 15 y no 14; esto es relevante si se tiene en cuenta la magnitud de los cambios que se dan a nivel madurativo año a año en cada fase de la adolescencia.
Así como en la tentativa del gobierno de 2017, la última dictadura militar redujo la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. En 1983, apenas regresó la democracia, se revirtió la medida; es por esto que organismos de derechos humanos remarcan que este proyecto significa un retroceso en materia de derechos adquiridos en democracia. Amnistía Internacional también se mostró en contra de la propuesta y la caracterizó como “contraria a los principios internacionales de derechos humanos”.
Por su lado, Unicef advirtió que bajar la edad de imputabilidad podría ser una “medida regresiva” y que cualquier reforma legistlativa al respecto debería ir acompañada por una fuerte inversión en políticas públicas que protejan a lxs niñxs y adolescentes; sin embargo, la gestión actual se aleja mucho de esto último: más de la mitad de lxs menores de 17 años (62,5% según un estudio del observatorio de la Deuda Social de la UCA), se encuentra debajo de la línea de pobreza, el Gobierno de la Ciudad decidió cerrar 14 escuelas nocturnas y Vidal intentó hacer lo mismo con las escuelas del Delta el año pasado. Cuando un gobierno ataca de forma directa a la educación pública bajando hasta 77% los programas nacionales y ofreciendo paupérrimos aumentos de salario a los docentes de todos los niveles educativos se trata de un gobierno que abandona y desprecia a la juventud, en especial a aquella que se encuentra marginada. Bajar la edad de imputabilidad es una medida más en desmedro de aquellxs adolescentes que sufrieron una presencia estatal deficiente toda su vida y cayeron en el delito.
Las cifras
El último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad señala que en 2015 sólo 1 de los 175 homicidios cometidos en la Ciudad fue perpetrado por un adolescente menor de 16 años.
Según datos difundidos por el sitio Chequeado en base a un informe del Ministerio de Justicia de la Nación en 2016, sólo el 0,4 % de las sentencias condenatorias que se dictaron en ese año involucraban a menores de 16 y 17 años. En lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires, en 2017 las denuncias que implicaron a menores de 16 y 17 años representaron un 3,2 % con respecto a las que involucraron a adultos. Además, desde el 2013 a la fecha, se viene presentando una baja en los homicidios cometidos por menores de 18 años Teniendo en cuenta estas estadísticas, quedan serias dudas sobre la intención del gobierno de proponer este proyecto de ley verdaderamente como una medida de seguridad y no como una estrategia para desviar la atención pública de la situación del país y calmar momentáneamente a una clase media que sufre una inseguridad cada vez mas frecuente producto de la desigualdad creciente del país, y que en adición es bombardeada día a día por un grupo de medios hegemónicos que señalan a lxs chicxs pobres como delincuentes.
Lxs pibxs de la calle que no ven otra salida que el delito, a los que nadie les enseñó otro medio de supervivencia, posiblemente nunca hayan disfrutado de una infancia real: crecieron en la calle, rodeadxs de violencia, delito y paco, y el Estado no fue capaz de satisfacer sus necesidades básicas. Lo que ahora se propone es que ese mismo Estado se lave las manos de ese contexto de pobreza y marginación del que es responsable y condene, una vez más, a esxs chicxs marginadxs.
