ponele.infoRodolfo Orellana, militante de la Organización Libres del Pueblo y cooperativista de la CTEP, murió producto de un disparo de arma de fuego. El balazo llegó por la espalda. Julio Conte Grand, procurador de la provincia de Buenos Aires anunció la confirmación de esta información a partir de la autopsia.
La noticia que circuló ayer en los grandes medios como un enfrentamiento confuso durante un intento toma de tierras fiscales en La Matanza, hoy toma una potencia mayor con las versiones de los testigos presenciales, algunos de ellos todavía detenidos por la policía bonaerense.
La represión a la gente con la que Rodolfo había llegado, esta vez con las más tradicionales balas de goma, gases lacrimógenos y gases, llegó cuando él ya había fallecido. Hoy por la mañana en Radio Con Vos el dirigente de CTEP Juan Grabois recordó y comparó la situación con la del asesinato de Icki, en enero de 2017.
En un comunicado de la madrugada de ayer, el MTE definía así la situación: “El conflicto que derivó en la muerte de Orellana se inscribe en el contexto de miseria generalizada, de un negociado inmobiliario y de la desidia del Estado sobre tierras fiscales ociosas en las que podrían realizarse urbanizaciones sociales para los sectores populares. Esas tierras, en estado de abandono, son una provocativa burla para las miles de personas que no tienen un lugar para vivir.”
Tanto desde MTE como desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con presencia en uno de los barrios linderos con el predio donde ocurrió, descartan que el disparo haya provenido de quienes tienen sus hogares en ese predio, así como las que intentaron acceder y establecerse allí.
Señalan varios factores: el desinterés por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que no cerca ni impide el ingreso a ese y otros predios del conurbano es el primero. Esos espacios resultan focos de automática especulación por parte de oportunistas profesionales como Rolando Pardo, que estafa a familias cobrándoles por la posibilidad de instalarse y edificar allí.
También se señala como evidente el recrudecimiento de la conflictividad social en el partido de La Matanza, paralela a la cada vez más complicada situación económica, pero también de la necesidad de ciertos sectores opositores a la intendencia del municipio de crear focos de conflicto en medio de la ola de paranoia alrededor de la llegada del G-20 a nuestro país, propagada en primer lugar por el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
Todo lo anterior evidencia una enorme ignorancia sobre la realidad cotidiana de los sectores populares por parte de los grandes medios de comunicación. Definir como enfrentamiento entre vecinos la situación que derivó en el asesinato de Rodolfo Orellana es no tener interés alguno en explicar y mucho menos en resolver.
Queda por delante resolver, ahora sí, las preguntas que pesan en serio: ¿De dónde vino esa bala? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades nacionales, provinciales y municipales en esta historia? ¿Habrá alguien que se ponga por una vez en este gobierno del lado de las y los excluidos?
