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Reforma de la Justicia: 5 puntos para una discusión pendiente

Por Pablo Serdán*

La Reforma Judicial se ha convertido en un tema central en el debate público en estos días. Esta nota intenta reafirmar la importancia de avanzar en la reforma de la justicia federal desde una mirada tal vez poco abordada pero sumamente interesante, que es el de la seguridad ciudadana.

El enfrentamiento del delito organizado y el avance sobre los eslabones superiores de sus estructuras criminales deben llevarse adelante a través del fortalecimiento institucional de todas la agencias intervinientes en su conjuración, desde las fuerzas de seguridad federales hasta las estructuras jurisdiccionales.

Para analizar si el proyecto que impulsa el oficialismo puede avanzar en ese sentido, presento estos cinco puntos a considerar.

1. Ampliación de la justicia federal en zonas en donde ha avanzado el delito organizado

El objeto de la norma es establecer una nueva organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias del país.

Este fortalecimiento institucional se ha dado con un criterio federal y atendiendo en forma clara a las complejidades del delito en nuestro país, priorizando zonas de frontera y con elevados índices de conflictividad vinculados al delito organizado.

Quienes por motivos profesionales tuvimos la suerte de recorrer las diferentes jurisdicciones federales sabemos la desigualdad de armas con las que cuentan las justicias federales para enfrentar a las organizaciones delictivas. Solo por dar un ejemplo: en Rosario, donde desde hace tiempo existen niveles altos de organicidad del proceso delictivo, hay en la actualidad una sola fiscal titular encargada de llevar adelante las investigaciones (hay auxiliares fiscales y muchos trabajadores y trabajadoras muy capacitados, pero resulta evidente que la situación es institucionalmente precaria).

Por este motivo el proyecto crea las Cámaras Federales de Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, San Luis y Formosa. Además, a la Cámara Federal de Salta se le agrega Jujuy; Rosario suma dos Salas (con asiento en Santa Fe y Rosario) y Mar del Plata, una. Las nuevas cámaras de apelaciones van acompañadas con fiscalías generales y defensorías generales para actuar ante ellas.

Por otra parte, se crean 63 juzgados federales en el interior del país. acompañados con la creación de 80 fiscalías y 43 defensorías para actuar ante ellos en las diversas jurisdicciones federales de su competencia.

2. La unificación de fueros para la concentración de las investigaciones

Se unifican los Fueros Criminal y Correccional Federal (Comodoro Py) con el Penal Económico para dar nacimiento al Fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  A nivel internacional y local cada vez queda más claro que la capacidad de los Estados para avanzar sobre las organizaciones criminales está cada vez más relacionada con la posibilidad de realizar una pesquisa de orden patrimonial sobre los movimientos de capitales provenientes de la narcocriminalidad, trata de personas, tráfico de armas, etc.

Por eso pierde sentido la división que había sido impuesta en la justicia federal con asiento en CABA, que diferenciaba la investigación del lavado de dinero y el contrabando en un fuero -el Penal económico- y el narcotráfico, trata, etc. en otro.  Sin bien el principio de especialidad del que hablan muchos especialistas debe tenerse en cuenta, no es menos cierto que ese concepto debe ser aplicado a las procuradurías especializadas en cada materia, pero los procedimientos deben tender a la unicidad y no a la fragmentación.

Debemos tener en cuenta que, desde 2019, en la misma jurisdicción se encuentra desfederalizado el delito de narcomenudeo, por lo que se parte de una base de compartimentos diferenciados a la hora de investigar el fenómeno de la narcocriminalidad.

3. Puesta en marcha del sistema acusatorio en CABA y en el interior

En tal sentido, se pone plazo máximo de dos años para la vigencia plena del Código Procesal Federal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto, cuando se concrete, será un gran cambio institucional en el sistema judicial federal.

Este aspecto empalma con el avance del Congreso de la Nación que definió impulsar el sistema acusatorio de forma progresiva en todo el país. Sin dudas, el avance al sistema acusatorio presenta una oportunidad para mejorar la capacidad de dar respuesta a las demandas sociales de combatir los delitos que, por su complejidad, generan altos niveles de violencia en la sociedad. Tiempos acotados y la posibilidad de que las audiencias sean orales y públicas terminan de alguna manera con el oscurantismo del expediente y abren un nuevo paradigma procesal que, bien entendido, puede dar mayor eficacia a las investigaciones de delitos federales.

En este sentido, es importante coordinar el trabajo de nuestras fuerzas de seguridad y generar ámbitos de intercambio de saberes entre los diferentes actores que componen el sistema procesal a fin de generar la articulación institucional necesaria para que la reforma sea exitosa al brindar una mayor seguridad ciudadana.

4. La división definitiva de la competencia de los juzgados de las provincias en penal y no penal

El proyecto propone la creación de juzgados e intenta terminar con la idea de juez federal de competencia universal. Esto es así dado que los nuevos juzgados son creados con competencia específicamente penal y se les transferirá las secretarías de esa materia de los juzgados federales existentes.

Con la transferencia de secretarías penales habrá juzgados federales que quedarán con competencia electoral exclusiva. En ese sentido, se dispone que aquellos que queden en ese estado sumarán competencia en materias no penales (civil, contencioso administrativo, laboral, etc).

5. Creación de Secretarías Judiciales y Fiscalías especializadas en Protección de usuarios y consumidores, medio ambiente y procesos colectivos

El proyecto también trae la novedad de la creación de Secretarías de los Juzgados y Fiscalías de Primera Instancia especializadas en Protección de Usuarios y Consumidores, Medio Ambiente y Procesos Colectivos. En particular, respecto de la agenda específica de la seguridad, puede ser un avance importante contar con áreas específicas de la jurisdicción que avancen en la cuestión de la protección del medio ambiente, área que es necesario fortalecer también dentro de las capacidades de las fuerzas de seguridad.

Estos cinco puntos intentan mostrar que efectivamente nos encontramos frente a una ampliación de las capacidades de conjuración del delito organizado por parte del Estado argentino. También es cierto que, aumentando la cantidad de juzgados, el efecto mencionado no se produce de forma inmediata sino que será necesaria una paulatina transformación de la cultura jurídica y de la seguridad en nuestro país, que debe generar planes de trabajo a largo plazo por fuera de las siempre coyunturales agendas mediáticas.

No quedan dudas, entonces, de que estamos ante la posibilidad de dar un paso adelante en el proceso de mejorar la seguridad de todos los argentinos.

*Docente UBA y Asesor en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

 

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