Natalia GherardiIlustración: Sukermercado
A partir de este año, en la provincia de Buenos Aires se podrán realizar fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos sin restricción en las zonas circundantes a áreas urbanas, viviendas, reservas naturales, márgenes de cuerpos de agua (de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para el hogar) y escuelas. Esto fue decidido a partir de una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, exgerente de la división Semillas de Monsanto, la principal distribuidora de glifosato a nivel mundial. Esta medida contrasta con el pequeño avance que significó para la provincia de Entre Ríos el fallo de un juez emitido en el mes de octubre a partir de un pedido de amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná: se prohibió fumigar a 1000 metros de las escuelas y a 3000 metros en caso de fumigación aérea. En abril del año pasado se aprobó una ordenanza que prohibía la aplicación y comercialización de glifosato en todo el ejido de Gualeguaychú.
¿Qué es el glifosato?
Es el herbicida que más se produce a nivel mundial: desde el año 2000 es comercializado por distintas empresas y su uso es cada vez mayor en nuestro país. El uso más extendido del glifosato es el agrícola y se ha incrementado mucho con el aumento de cultivos modificados genéticamente (transgénicos) para hacerlos resistentes específicamente a este herbicida. Se encuentra en el aire durante las pulverizaciones, en el agua y en los alimentos, y en el caso de la fruta y la verdura, muchas veces no sólo se fija en la superficie, sino que se encuentra en la estructura misma del alimento, siendo inútil lavarla o pelarla. En el caso de nuestro país, científicos del CONICET detectaron glifosato y atrazina (el segundo pesticida que domina el mercado local) en agua de lluvia de las áreas urbanas pampeanas. La población en general está expuesta a esta sustancia principalmente si reside cerca de las áreas en las que se aplica y si lo utilizan en sus hogares. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó en marzo de 2016 al herbicida glifosato como probablemente carcinógeno para los seres humanos.
En nuestro país, desde que su uso fue aprobado en el gobierno de Menem y tuvo lugar el boom de la soja transgénica, su uso se ha incrementado año tras año, junto con el de las semillas transgénicas. Al cierre de junio de 2018 había 18 millones de hectáreas sembradas, que rindieron una producción de 35,8 millones de toneladas y ubican a Argentina como el tercer mayor productor mundial, detrás de Estados Unidos y Brasil. Respecto a éste último, cabe destacar que la flamante ministra de Agricultura del gobierno de Bolsonaro es Tereza Cristina, una hacendada cuya campaña de reelección como diputada fue financiada por empresarios del agronegocio y cuyas intervenciones políticas se centran en la flexibilización y avance del uso de agrotóxicos.
La “modernización” y el “progreso” que nos están matando lentamente
Un aumento generalizado del cáncer, poblaciones rurales con incidencia sumamente alta de malformaciones y abortos espontáneos, pueblos originarios y chacareros desplazados, bosques nativos arrasados, extinción de la fauna, inundaciones constantes y un suelo que históricamente ha sido de los más ricos del mundo, hoy desgastado por el monocultivo sojero; esos son algunos de los efectos del uso indiscriminado de agrotóxicos que se da en nuestro país. En las poblaciones agrícolas, la cantidad de niñxs con malformaciones es hasta tres veces mayor que en otras zonas del país
El lobby de agrotóxicos, los ruralistas y una gran parte de los gobernantes de turno argumentan el uso libre del glifosato y otros herbicidas y pesticidas fuertemente cuestionados (y con evidencia científica en su contra), bajo el fundamento del derecho al trabajo, a la propiedad privada, al comercio libre y a la industria “lícita”. Sin embargo, ¿dónde queda el derecho a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, a la salud? Al fin y al cabo, ¿no estamos hablando del derecho a la vida? Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, adquirió una polineuropatía tóxica metabólica severa luego de trabajar con glifosato en los campos de Entre Ríos; murió el año pasado. ¿Acaso él tuvo algún derecho contemplado? ¿A eso es lo que se refieren con “derecho al trabajo”?
Ante la ausencia de una ley nacional con aplicación en todo el territorio, la cuestión del uso de agrotóxicos (del cual se ve beneficiada la élite tradicional argentina, los grandes hacendados sojeros) queda en una constante oscilación, con medidas contradictorias e insuficientes. En el marco de una lucha desigual, una parte del pueblo consciente de que está siendo envenenada día a día con lo que pone sobre su mesa, junto a las víctimas directas de la aplicación de agrotóxicos (muchos de ellos ex-trabajadores rurales), se enfrentan a un pequeño grupo de interesados sumamente influyentes que facturan millones cada año gracias al exponencial crecimiento de la soja transgénica y el glifosato. Entre los defensores del libre uso de pesticidas y herbicidas muchas veces se encuentran pequeños productores que, inmersos a la fuerza en el tramposo sistema de agroquímicos, que obliga a comprar semillas con cada vez más modificaciones genéticas y agrotóxicos cada vez más tóxicos, no tienen otra forma de producir y sobrevivir.
